El Gobierno valenciano ultima la reforma de la ley de Transparencia para
prohibir a los altos cargos de la Generalitat asistir a actos religiosos y
procesiones «corporativamente». El objetivo de la modificación del título dos
de la ley (que regular las normas de buen gobierno del Ejecutivo autonómico)
pasa por definir cuál debe ser el comportamiento de los altos cargos a título
individual y cuál el funcionamiento de las instituciones. En el aspecto religioso, la reforma legal persigue que los miembros del
Gobierno valenciano tengan derecho a acudir a procesiones y ceremonia según su
conciencia , pero no puedan hacerlo de forma «corporativa». La Conselleria de
Transparencia trabaja con los técnicos el encaje legal de estos preceptos, que
se incluirían en el título dos de la ley a modo de «protocolo de ética y buen
gobierno». Con todo, el departamento que dirige Manuel Alcaraz (conseller de la
Generalitat por la cuota de Compromís) establecerá excepciones en aquellos
actos que trasciendan el ámbito puramente religiosos y gocen de valor histórico
o cultural. El Ejecutivo salvará de la prohibición a celebtraciones como el
Misteri d’Elx o la Romería de la Santa Faz de Alicante.
En el resto, se pretende terminar «con la obligatoriedad de derecho o de
hecho en determinadas celebraciones y mantener una relación fluida con las
distintas manifestaciones religiosas». El último pleno de las Cortes Valencianas de la pasada legislatura
aprobó, con los únicos votos a favor del Partido Popular, en contra del
PSPV-PSOE y la abstención de Compromís y Esquerra Unida, la ley de
Transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunidad
Valenciana. El PP defendió que esta ley era «necesaria» e «inaplazable»; el
PSPV consideró que era «electoralista» y «una cortina de humo», y Compromís y
EU se abstuvieron al considerar que se necesitaba una ley de Transparencia,
aunque la apronada «se queda corta» y se hacía «en diferido», pues en su mayoría
entraba en vigor en octubre. Ahora, llegados a este punto, Alcaraz ha optado por desarrollar la norma
con la regulación de la asistencia a actos religiosos. Unas pautas que no
recoge la ley aprobada en marzo, que en cambio sí establece la publicación de los
gastos de caja fija detallados por órganos directivos, de los estudios de
opinión con los resultados completos, del coste de las campañas de publicidad,
del texto íntegro de los convenios, de todos los contratos y de las
subcontrataciones y subvenciones públicas. La decisión del Consell de regular
la asistencia de dirigentes de la Administración a actos religiosos entronca
con las medidas puestas en marcha por algunos ayuntamientos como el de Valencia
para marcar distancia con las tradiciones católicas para potenciar el laicismo. En el caso del Ayuntamiento de Valencia, el gobierno que lidera Joan
Ribó optó por modificar el recorrido de la procesión cívica con motivo del 9
d’Octubre y evitó la entrada a la Catedral para participar en el Te Deum. El
consistorio también ha suprimido las referencias al Ángel Custodio y la misa en
la celebración del día de la Policía Local que se conmemora este lunes.
Decretos municipales
El pasado verano alcaldes de formaciones de izquierdas de municipios
como Meliana o Puzol prohibieron por decreto a sus concejales asistir a las
procesiones como miembros de la corporación local, mientras que en Xilxes se
prohibió el uso de una plaza pública para un acto religioso que se realizaba de
forma habitual. El PP recurrió ante los tribunales los decretos que coartaban
la libertad de los ediles. (ABC)
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