La OCDE revela que España cuenta con la clase política que genera menor confianza

La comparación es estremecedora. Y pone de relieve la escasa -o casi nula- confianza de los ciudadanos españoles en el sistema político. Un dato lo acredita. Entre 23 países pertenecientes a la OCDE -los más avanzados- España se encuentra a la cola en cuanto a credibilidad de la acción de Gobierno. Y lo que no es menos relevante. Su confianza en los partidos políticos es, incluso, más baja. En mejor posición que España se encuentran Grecia, Eslovenia o Portugal, mientras que los ciudadanos de Suecia, Holanda y Estonia son los que más confían en sus gobiernos y, en general, en su sistema de partidos. Si en media docena de países más del 50% de la población confía en sus políticos, en España apenas lo hace el 10%, muy por debajo del 35% que se registra como media en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que, para su análisis, utiliza los últimos datos del Eurobarómetro. La conclusión que saca el club de los países ricos en su informe anual sobre la gobernanza política en la región es que muchos países económicamente desarrollados “no están pudiendo cumplir plenamente la normativa sobre la financiación y las donaciones de campaña de los partidos políticos o están dejando lagunas que pueden ser explotadas por poderosos grupos de interés privados”. Recuerda que la captura de rentas se ha convertido, sostiene la OCDE, en un problema para las democracias, ya que los donantes privados utilizan con frecuencia los préstamos, cuotas de socios y financiación "para eludir los límites de gastos o para ocultar las donaciones”.

El análisis de la OCDE incorpora un apartado sobre la financiación de los partidos que concluye que España se encuentra entre los países que más financian con dinero público a las formaciones políticas. De los 16 países analizados, sólo los estados de Grecia y Turquía financian en mayor medida que España. En concreto, el 87,5% de los ingresos de los partidos políticos procede de aportaciones públicas. Por el contrario, en Holanda o Reino Unido -democracias muy consolidadas- nada menos que el 65% del presupuesto de las formaciones políticas procede de dinero privado. En Suecia o Noruega, países en los que sus ciudadanos tienen gran confianza en su sistema político, más de uno de cada cuatro euros que gastan los partidos son aportaciones privadas. Según la OCDE, lo que hay que hacer para mejorar la calidad de la democracia es regular y aplicar sanciones más rigurosas para restaurar la confianza de los ciudadanos en un momento en que los votantes de las economías avanzadas están mostrando “desilusión con los partidos políticos” y temen que los procesos democráticos pueden ser capturados por grupos de intereses privados.

Mejores y peores prácticas

“La formulación de políticas no debe estar a la venta al mejor postor”, dijo el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, durante la presentación del primer informe de la Organización sobre la financiación política en una reunión de la Red Parlamentaria mundial de la OCDE, un foro de legisladores de los países miembros y asociados que compara las políticas y analiza las mejores prácticas. La OCDE advierte que la globalización está complicando la regulación de la financiación de los partidos políticos. Multinacionales e inversores extranjeros “se integran cada vez más con los intereses comerciales nacionales”, denuncia la OCDE. En la actualidad, 17 de los 34 países de la organización prohíben las donaciones anónimas a los partidos políticos, mientras que 13 únicamente prohíben su participación por encima de ciertos umbrales. Cuatro estados, por último, lo permiten. Incluso cuando las donaciones no son anónimas, advierte la OCDE, los países tienen normas diferentes sobre la revelación de la identidad del donante.

En nueve países los partidos políticos están obligados a revelar públicamente la identidad de los donantes, mientras que en los otros 25 países partes lo hacen de acuerdo a una reglas. Dándose la circunstancia que sólo 16 países tienen límites en el gasto de las campañas electorales. La OCDE considera que el establecimiento de límites “puede impedir una carrera” de gasto que a la postre perjudique a los candidatos inicialmente con menores recursos. La OCDE advierte que la falta de independencia en algunas instituciones encargadas de la fiscalización deja grandes donantes con capacidad para recibir favores, tales como recortes de impuestos, subsidios estatales, el acceso preferente a los préstamos públicos o contratos de adquisición de bienes y servicios (El Confidencial)