El
Gobierno andaluz aprobó el pasado viernes el inicio del procedimiento para
pagar en febrero a sus empleados públicos un primer 25% de la paga extra que
les retiró en la navidad de 2015 el Ejecutivo central. Andalucía era la única
comunidad que aún no había iniciado esta devolución, con lo que en febrero los
empleados públicos de todas las regiones habrán recibido, al menos, un 25% de
esta paga.
Este
primer cuarto de la paga correspondía a los días que los tribunales estaban
otorgando a todos los funcionarios que lo habían recurrido.
Otra
cosa es cuándo recibirán el resto. Según la ley en la que el Gobierno diseñó
cómo se reintegraría el dinero a los funcionarios estatales esta decisión sería
“básica potestativa”. Esto quiere decir que las comunidades y los ayuntamientos
podrían aplicarla o no “según sus planes de ajuste y la negociación con sus
centrales sindicales”.
El
Gobierno elaboró su propio calendario. Según dicha planificación, los empleados
estatales recibieron un primer 25% en enero de 2015; un segundo 26% en octubre pasado
y la mitad restante será abonada “en dos tandas” en 2016. Aunque en un
principio, según fuentes sindicales, existió el compromiso de pagar esta mitad
en enero de 2016, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, nunca llegó a
decirlo públicamente.
Por
lo que se refiere al grueso de empleados públicos –1,28 millones– que trabaja
para las autonomías, los reintegros están siendo muy desiguales.
De
momento, según el balance elaborado por el sindicato de funcionarios CSIF, solo
Extremadura ha devuelto a sus trabajadores autonómicos el 100%. La política de
aumento de gasto público llevado por esta región en los últimos años le ha
permitido materializar esta devolución. Sin embargo, sus cuentas acusan estas
prácticas ya que fue la comunidad que más deterioró su déficit público en 2014
–antes de la devolución de la paga–; pasando del 0,99% del PIBregional en 2013
al 2,51% al año siguiente.
De
hecho, las estrecheces presupuestarias son la causa que ha llevado al resto de
ejecutivos autonómicos a restringir esta devolución. Aunque, a diferencia de
hace unos meses, la mayoría de ellas ha hecho ya el ejercicio de diseñar un
calendario de reintegro a los empleados autonómicos. La mayoría ya han emulado
al estado y devuelto otro 26%. Solo Andalucía, Cataluña, Murcia, País Vasco y
Aragón no lo han hecho. Aunque esta última Administración tiene previsto abonar
un 50% en marzo próximo.
Además,
hay nueve regiones que prevén completar el reintegro de la paga extra a lo
largo de 2016 (Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla La
Mancha, Galicia, La Rioja, Madrid –si la situación económica lo permite– y
Comunidad Valenciana).
Por
su parte, Baleares lleva el calendario de devolución hasta el 2017 y Navarra
hasta enero de 2018.
La
mayor incertidumbre reside en Asturias, Murcia, Cataluña y Andalucía, donde no
hay calendario cerrado. En las dos últimas regiones, además, sus gobiernos les
retiraron pagas posteriores.
Vuelta
a la jornada de 35 horas y otras demandas
El
Gobierno también ha devuelto a los empleados públicos estatales los tres días
de asuntos propios (conocidos como moscos) y los canosos (días adicionales de
vacaciones por antigüedad que también les fueron retirados en el decreto de
ajustes de julio de 2012.
No
obstante, de aquella norma aún queda por restituir una cuestión que no es
baladí y no cesan de demandar los sindicatos:la vuelta a la jornada de 35
horas.
En
2012, la inmensa mayoría de los empleados públicos de las comunidades
autónomas, los grandes ayuntamientos, varias diputaciones y algunos organismos
de la Administración General del Estado, habían logrado pactar una jornada
laboral de 35 horas semanales. Pero en julio de ese año el polémico decreto en
el que se la paga de Navidad, también fijó para todos los trabajadores del
sector público una jornada “mínima” de 37,5 horas semanales. Y todas las
administraciones que tenían una jornada inferior tuvieron que elevarla.
Este
será uno de los puntos que el sindicato de funcionarios CSIF incluirá entre las
demandas que discutirán hoy en su Consejo Sindical –máximo órgano entre
congresos–. En esta reunión, su secretario general, Miguel Borra, tiene
previsto también hacer un llamamiento a los partidos políticos para que
incluyan en sus negociaciones para formar Gobierno, la elaboración de un pacto
por las Administraciones que garantice la impartición de servicios públicos.
A
pesar de que los Presupuestos de 2016 recogen un incremento salarial para los
empleados públicos del 1%, creen que aún se les debe compensar la pérdida de
poder adquisitivo por el recorte de sus sueldos en 2010 y su posterior
congelación. Asimismo piden, que se pueda sustituir a todos los funcionarios
que se jubilan (Cinco Dias)
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